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Política Argentina

Trabajadores de medios comunitarios salieron a la calle para reclamar “pantalla”, exigir la defensa del 33% de la comunicación audiovisual para los espacios sin fines de lucro y el pago atrasado del financiamiento a estos sectores.

En este contexto se inscribió la columna de Santiago Marino, que habló del cumplimiento de la regulación para este conjunto de organizaciones de la sociedad y de la situación de aquellos canales que concursaron y sus procesos quedaron en suspenso con el cambio de gobierno.

El primer paso de Mauricio Macri fue modificar la regulación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: arruinó la ley sancionada en 2009 cambiaando el organismo de control, flexibilizando los topes de concentración y excluyendo a la TV por Cable del marco regulatorio . Luego conformaron una comisión para reemplazar la norma anterior y Argentina Digital.

El Gobierno argentino quedó expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, organismo que expresó al Gobierno la necesidad de reconocer el principio de no agresividad a los derechos humanos con los DNU. Las autoridades macristas comenzaron entonces una ronda de diálogo con los mismos especialistas que los representaron en la CIDH, es decir, se entrevistaron a sí mismos.

¿Cómo garantizás el 33% si avalás la concentración? Pareciera que no se puede, pero algunos caminos quedan.

El jurado de la AFSCA aprobó las carpetas de algunos canales comunitarios (Barricada TV, Pares TV, Urbana TV) y el 3 de diciembre de 2015 obtuvieron esa decisión. Para que puedan transmitir se tiene que cumplir la Resolución 35 que no fue dada de baja por Enacom. Demandaría una modificación de la grilla de la TV Digital Abierta, para que los canales “9,11 y 13” se corran de los lugares que ocupan y transmitan en los espacios que en cambio tienen asignados.

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